GLACIARES ENTREGADOS: LA SOMBRA DE LOS INTERESES
El Senado ya sancionó la Ley de Glaciares con el mismo cinismo con el que debatió la Ley de Reforma Laboral. Ocho horas y media de debate, 39 voces, un empate invertido que terminó inclinando la balanza hacia las modificaciones de Diputados. Se habló de agua como derecho humano, de minería como motor de empleo, de soberanía y de intereses ocultos. Se habló demasiado, pero lo esencial quedó en silencio: la fragilidad de un patrimonio que ahora depende de la voluntad política de cada provincia.
La norma aprobada reconoce a los glaciares como bienes públicos, crea un inventario nacional y los define como reservas estratégicas de agua dulce. Pero al eliminar artículos clave y abrir la puerta a proyectos mientras el inventario aún se construye, la ley se convierte en un texto ambiguo: protege y habilita al mismo tiempo.
El texto oficial hablaba de “interpretación” y “uso racional de los recursos naturales”. Pero lo que se puso en juego en realidad es la entrega de un patrimonio estratégico: el agua congelada en las montañas, el hielo invisible del ambiente periglacial, las reservas que sostienen cuencas y pueblos.
La narrativa gubernamental se disfraza de modernización, pero detrás late un guion escrito en otra lengua, con otra cadencia: la de Washington y las corporaciones mineras que presionan para perforar la cordillera. La reforma habilita a las provincias a decidir qué proteger y qué sacrificar, como si el agua pudiera fragmentarse en jurisdicciones, como si la cordillera no fuera un cuerpo indivisible.
GLACIARES EN DISPUTA: EL DESMANTELAMIENTO DEL PISO COMÚN
La Ley de Glaciares que estaba vigente establecía un principio claro: los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce, protegidas por un sistema de presupuestos mínimos. Es decir, un piso nacional que ninguna provincia puede perforar. El proyecto actual dinamitó ese piso. Traslada la decisión a las provincias, que podrán definir qué glaciares “sirven” y cuáles no.
El resultado es un feudalismo administrativo: cada gobernador con su propio mapa de hielo, cada jurisdicción con su propia interpretación de lo que merece vivir. El agua, convertida en mercancía, deja de ser un bien común para transformarse en un recurso negociable.
LA SOMBRA DE LOS EEUU
En este escenario, el interés del gobierno argentino se alinea con las demandas externas. La minería transnacional, con capitales norteamericanos, necesita flexibilizar la ley para avanzar sobre proyectos que hoy están bloqueados. La reforma es la llave que abre la puerta.
Con la nueva Ley, no sólo los glaciares están en peligro de extinción.El proyecto Fénix de Arcadium Mining en el Salar del Hombre Muerto, es actualmente la mayor mina de litio del país. Más de 25 años de extracción de litio han contribuido a secar el cercano río Trapiche (Imagen: María Paula Gaido / Ruido)
El discurso oficial habla de “desarrollo sostenible”, pero el verdadero objetivo es habilitar la extracción de oro, plata y litio en zonas que hasta ahora estaban blindadas. El agua, que debería ser garantía de futuro, se convierte en insumo descartable de un modelo extractivo. La entrega no es solo económica: es simbólica. Se cede soberanía sobre el hielo, sobre la memoria geológica del país, sobre la posibilidad misma de un mañana.
LA ATMÓSFERA DEL DESPOJO
El debate en el senado permite narrar esta trama como un paisaje de voces fragmentadas, de ecos que se repiten en intereses oscuros, en convenios espurios con empresas que les importa un pito la destrucción del medioambiente y sus consecuencias humanitarias. El Senado es un escenario donde las palabras se convierten en frases hechas, donde los discursos oficiales se mezclan con el ruido de las maquinarias que ya esperan en la montaña acelerando sus motores.
Así quedaron los glaciares que Barrick Gold destruyó para explotar la minería extractivista en nuestra cordillera
La reforma no es un texto jurídico: es un guion de desposesión. Una coreografía en la que los actores principales -empresas mineras, embajadas extranjeras, funcionarios locales- se mueven con precisión quirúrgica. El hielo, silencioso, observa. El agua, invisible, se retira lentamente.
La Constitución habla de federalismo concertado: la Nación fija el piso, las provincias lo complementan. La ley aprobada hoy lo invierte: las provincias deciden, la Nación se retira. No es federalismo, es feudalismo. Cada provincia como un pequeño reino, cada glaciar como un botín.
El ambiente periglacial, invisible y esencial, queda a merced de criterios políticos. El agua subterránea, que sostiene cuencas enteras, se convierte en un dato secundario. La protección científica se sustituye por conveniencia coyuntural.
EL FUTURO EN RIESGO
La Corte Suprema ya había ratificado la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. La misma recuerda que el artículo 41 de la Constitución no es una declaración simbólica, sino un mandato: garantizar un ambiente sano y equilibrado. Ignorar ese fallo es ignorar la arquitectura misma del Estado, pero…
Es lógico que a un gobierno que vino, como un topo, a destruir el Estado desde adentro, poco pueda interesarle una Constitución a la que viola constantemente amparado por la impunidad de un poder judicial putrefacto un poder legislativo con precio de mercado.
La reforma aprobada, presentada como urgente, no responde a ninguna emergencia hídrica. Al contrario: profundiza la crisis climática. El agua dulce, cada vez más escasa, se entrega a cambio de inversiones que prometen desarrollo, pero dejan contaminación y conflicto social.
CONCLUSIÓN
El Senado debatió más que una ley. Creó una duda institucional sobre si el país seguirá teniendo un piso común de protección ambiental o si se fragmentará en feudos que negocian con el agua. Si los glaciares seguirán siendo reservas estratégicas o si se transformarán en obstáculos para la minería.
En este sentido, la ley es ambigua: refleja el interés del gobierno en entregar nuestro patrimonio hídrico y periglaciar a los Estados Unidos y sus corporaciones, pero también refleja la fragilidad de nuestras instituciones frente a la presión externa.
Todo se percibe como un murmullo distante: el hielo que se derrite, las maquinarias que avanzan, los discursos que se repiten. La pregunta que queda flotando es simple y brutal: ¿quién decide sobre el agua que nos sostiene?
El resultado es un triunfo parcial. Una victoria simbólica que oculta la derrota real: la entrega progresiva de nuestro patrimonio hídrico y periglaciar a los intereses mineros, muchos de ellos norteamericanos, que presionan sobre la cordillera. El agua, más importante que el oro, queda expuesta a la lógica del mercado.
La Argentina necesitaba una ley clara, firme, sin fisuras. Lo que obtuvo es un espejo oscuro, un texto que refleja la tensión entre protección y explotación, entre soberanía y dependencia. El Senado votó, sí. Pero la montaña, el hielo, el agua que sostiene pueblos y cuencas, no vota. Solo espera.
En Librepensante lo decimos sin rodeos: la sanción de esta ley es un paso insuficiente, un triunfo aparente que esconde la verdadera derrota. El futuro del agua no puede negociarse.
Alejandro Lamaisón