LA EMERGENCIA HUMANITARIA DE LOS JUBILADOS
Todos sabemos que la crisis que atraviesan los jubilados en Argentina es un fenómeno endémico, pero bajo la administración de Javier Milei esta situación ha adquirido un carácter más descarnado, sádico y visible en el día a día. Lo que antes se describía como un deterioro progresivo del poder adquisitivo hoy se ha transformado en una emergencia humanitaria, marcada por la imposibilidad de cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda impulsada intencionalmente por el propio Ministerio de Capital Humano.
Precisamente, entre todos los sectores del Estado que el gobierno de Javier Milei está detonando selectivamente desde que empezó su mandato, el previsional es el que con mayor saña sufre la destrucción debido al ajuste exigido por el FMI y al uso a discreción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos, en este sentido, que el año pasado Caputo quemó 350 millones del fondo de los jubilados para frenar el impacto del escándalo cripto.

Tradicional protesta de los miércoles de jubilados y pensionados.
Quienes tienen el tupé de justificar este ejercicio de lesa humanidad aplicado reiteradamente por los gobiernos neoliberales, deberían explicar las cifras escandalosas que surgen al comparar los sueldos de los jubilados con el de otros integrantes de la función pública, considerada hipócritamente parasitaria por el propio gobierno.
En tal sentido, hagamos la comparación:
La jubilación mínima en Argentina es de $411.989,33, pero llega a $481.989,33 al sumar el bono de $70.000. En agosto de 2026, el haber subirá a $419.775,92 y alcanzará los $489.775,92 con el mismo bono.
Por otra parte, el sueldo bruto de un senador nacional alcanzará los $11.877.000 a partir de agosto de 2026, tras un nuevo incremento paritario del 6,7%, no por privilegio de “casta”, sino –dirá el argumento formal– por la rigurosa aplicación de la norma. Una norma a medida, dictada por los propios beneficiarios.
Asimismo, un director titular de YPF percibe una remuneración promedio de US$ 79.500 por mes, lo que equivale a un rango de entre $80 millones y $120 millones de pesos mensuales, según la cotización del mercado cambiario y el esquema de honorarios aprobado por la Asamblea de Accionistas. Cabe aclarar que entre los directores se encuentran el ex-jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex-ministro del Interior Lisandro Catalán.

Guillermo Francos y Lisandro Catalán, mientras ocupban funciones en el Ejecutivo, en 2025
Antes de hacer las preguntas que surgen de esta comparación deberíamos pedir disculpa por ofender la moral, la ética y de faltar el respeto al raciocinio del lector si no nos damos cuenta de que basta con el sentido común para saber las respuestas.
¿Como es posible que exista tanta diferencia abusiva entre seres humanos? ¿Cómo una sociedad tolera que esa diferencia se convierta en norma, en paisaje? La lógica, la razón y la experiencia —los pilares de Librepensante— se quiebran frente a esta obscenidad. Porque la razón no puede justificar que un hombre cobre 250 veces más que otro cuya vida entera estuvo dedicada al trabajo. Porque la experiencia no alcanza para explicar cómo se naturaliza que un anciano sobreviva con lo que un político gasta en un almuerzo.
LA OBSENIDAD DE LA DESIGUALDAD CONTRA LOS JUBILADOS
La desigualdad en Argentina para con los jubilados se ha vuelto un espectáculo obsceno, un teatro de cifras que parecen diseñadas para humillar. Más que números son abismos. Son la geometría brutal de un país que ha decidido que la vejez es descartable y el poder, ilimitado.
Cabe aclarar que, como corolario de este sadismo, a quien cobra la jubilación mínima el gobierno nacional le restringió el acceso gratuito a los medicamentos, lo que dejó afuera del beneficio a la mayoría del universo de adultos mayores. Se estima que la decisión puede llegar a afectar a 3 millones y medio de jubilados.

Afiche que denuncia la quita de medicamentos a los jubilados
La crítica profunda a esta desigualdad salvaje es inevitable: no se trata de cifras, sino de humanidad. La distancia entre 411.989,33 y 100 millones, además de ser un mecanismo pornográfico de exclusión, es la medida de un país que ha perdido el sentido de la equidad, de la justicia y de la razón.
Por otra parte, la crisis previsional no solo golpea a los adultos mayores: también destruye el horizonte de los jóvenes. Si después de 30 o 40 años de trabajo un jubilado apenas sobrevive con 470.000 pesos, ¿qué incentivo queda para proyectar un futuro laboral? La falta de empleo formal desde hace más de una década se combina con la postergación de la edad jubilatoria, cerrando aún más las puertas a quienes buscan ingresar al mercado laboral.
El resultado es un desaliento generacional: los jóvenes ven en el espejo de sus mayores un destino de precariedad y subsistencia. La política previsional del gobierno, lejos de ofrecer un horizonte, refuerza la idea de que el trabajo no garantiza dignidad en la vejez.
En este sentido, la desigualdad no es solo económica: es simbólica. Es el mensaje que se transmite a los jóvenes: el trabajo no garantiza dignidad, la política se sirve a sí misma, el poder corporativo se alimenta de privilegios. Es la construcción de un relato donde la vejez es un residuo y el poder un festín. Es la anomia en su máxima expresión.
Esta naturalización de la asimetría social extrema ya ha sido estudiada por la sociología desde los tiempos de Émile Durkheim y sus consecuencias son que -pese a que la OMS sugiere restringir la publicación de las mismas debido al efecto contagio- el suicidio ha aumentado pavorosamente en la Argentina de Milei.
De ello se desprende que el abandono previsional no es solo un problema económico, sino un drama social que se traduce en muertes evitables, en jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, en ancianos que trabajan hasta los 90 años para pagar un hotel precario.
El gobierno de Milei, con su motosierra selectiva y su desprecio pulsional por los sectores vulnerables, ha convertido la vejez en un territorio de desamparo. La longevidad, que en otros países es celebrada como un logro social, aquí se transforma en condena. Argentina enfrenta un desafío demográfico que exige planificación de largo plazo, pero la respuesta oficial es el silencio.

Protesta de jubilados invisibilizada por el gobierno y por los medios hegemónicos
La política previsional del gobierno actual no solo abandona a los jubilados: los invisibiliza. Al reducirlos a cifras presupuestarias, se niega su condición de sujetos con derecho a la vida y se perpetúa una mirada retrógrada sobre la vejez. La crisis previsional es hoy una crisis de derechos humanos.
Y mientras la política se entretiene en su “orgía de millones de dólares”, millones de jubilados se preguntan si podrán comer mañana o si deberán tomar una decisión extrema, que seguramente, nunca será publicada por los medios de comunicación.
Alejandro Lamaisón
Fuentes: Instituto Patria: Comisión de Inclusión y Desarrollo Social – Comisión de Salud – Comisión de Derechos de las Personas Mayores.