PAMI: BOTÍN DE GUERRA

El desmantelamiento del PAMI ya es como una enfermedad endémica, una erosión lenta y multicausal que carcome desde dentro, estimulada por la desidia, la presión política y la voracidad empresarial. El organismo que alguna vez fue símbolo de protección social se convierte en un escenario de negociados, amenazas y sobrefacturaciones que devoran sus cimientos.

El caso de la familia Negri en San Luis es apenas una muestra burda de esa decadencia. La denuncia contra Rodolfo Negri y la senadora Ivanna Arrascaeta expone el mecanismo: clínicas que facturan más que provincias enteras, órdenes de prestación que se multiplican en el sistema como si fueran fantasmas, auditorías que revelan cifras fantásticas.“La familia Negri le facturaba al PAMI mensualmente más que toda la provincia de Mendoza y más que todo el municipio de La Matanza”, se lee en el expediente. La frase es brutal, porque desnuda la escala del fraude y la fragilidad de un sistema que ya no distingue entre servicio y simulacro.

DESFALCO EN EL PAMI SAN LUIS: CAUSA PENAL, SOBREFACTURACIÓN Y LA SENADORA LIBERTARIA INVOLUCRADA

La sobrefacturación de medicamentos y prestaciones es una de las fallas más corrosivas de la gigantesca obra social ya que pasó de errores administrativos sospechosos pero esporádicos a un método cotidiano de funcionamiento. Miles de órdenes cargadas sin respaldo, diagnósticos inventados, horarios imposibles. La ficción se convierte en contabilidad, y la contabilidad en deuda pública.

En este circuito de corrupción, el PAMI se vacía no sólo por la falta de recursos, sino porque los fondos son desviados hacia un circuito paralelo donde la salud se convierte en mercancía y la vida en estadística.

Asimismo, el vaciamiento es multicausal. La presión política, las amenazas a funcionarios, los pactos de silencio en bares y aeropuertos, la connivencia de dirigentes que prefieren evitar un escándalo antes que enfrentar la corrupción. El organismo se convierte en un tablero de poder donde cada delegación es un feudo, cada clínica un negocio, cada auditoría un riesgo de ruptura.

En esta coreografía deshumanizada, el Estado se retira, y en ese vacío queda la intemperie: afiliados que esperan atención, empleados que denuncian hostigamientos, directores que renuncian ante la violencia.

La escena es casi bizarra (como todo lo que hace este gobierno): un empresario que se jacta de ser el dueño de la banca de su esposa, una senadora que amenaza con “cortar cabezas” en un aeropuerto, un funcionario que intenta evitar que el bloque libertario se fracture. El PAMI se convierte en un teatro donde la salud es apenas el telón de fondo, y lo que se disputa es el control de la caja.

En este sentido, el desmantelamiento del PAMI es, entonces, un síntoma de algo mayor. No se trata sólo de corrupción puntual, sino de una lógica que convierte derechos en mercancías, instituciones en negocios, y la salud en un terreno de disputa política. La pregunta que queda suspendida es la misma que atraviesa toda esta época: ¿qué vidas merecen ser cuidadas, y cuáles se disuelven en el silencio de las cifras?

SI EL PAMI NO ALCANZA ESTÁ EL FGS

El caso de PAMI sólo es un eslabón que sostiene la cadena de la ausencia de una oposición política y/o de una justicia que ponga coto al vaciamiento constante del Estado. Si ya se ha naturalizado la sobrefacturación, si ya se ha aceptado que clínicas privadas facturen más que provincias enteras, sólo faltaba que se aceptara mansamente que Caputo echara mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Ese fondo, creado creado en 2007 para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones, con inversiones en bonos, acciones y plazos fijos para sostener el sistema previsional, se convierte nuevamente en bicicleta financiera: un mecanismo para cubrir déficits con deuda, para transformar la seguridad social en un instrumento de especulación o para salvar a los bancos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevas licitaciones para los bancos con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Hoy. el FGS de la ANSES está destinando $2 billones a depósitos en bancos para financiar créditos hipotecarios, pero en la práctica este esquema funciona más como un salvataje al sistema financiero que como una política directa de beneficio social. Los bancos reciben fondeo de largo plazo que les permite resolver su problema estructural de descalce de plazos, mientras que las familias enfrentan tasas altas y requisitos de ingresos que limitan el acceso real.

¿Cómo funciona el esquema o programa de licitación?

El FGS coloca depósitos a plazo fijo por un monto de dos billones de pesos en licitaciones de $2.000.000 millones cada una, ajustados por UVA + un spread. Los bancos compiten por esos fondos.

La condiciones de los créditos son por un plazo mínimo de 15 años, tasa máxima de UVA + 7,5% y un monto máximo de 150.000 UVA (unos USD 200.000).

En tal sentido, el objetivo es el rescate a los bancos; el verdadero problema que se busca resolver es el descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos hipotecarios de largo plazo. El FGS actúa como proveedor de fondeo estable, beneficiando directamente a las entidades financieras.

Además, el objetivo final está totalmente distorsionado por la propaganda de los medios hegemónicos para protejer el disalate libertario, dado que el acceso está totalmente limitado para las familias ya que los requisitos de ingresos son muy altos. Por ejemplo, para una vivienda promedio de USD 106.000, la cuota inicial ronda los $865.000, lo que exige ingresos familiares superiores a $3,4 millones mensuales. Esto excluye a gran parte de la población.

Asimismo, se comprometen recursos que deberían estar destinados a garantizar jubilaciones futuras, exponiéndolos a riesgos financieros y a la lógica de rentabilidad bancaria. Si los bancos no cumplen o si la economía sufre crisis inflacionarias, el patrimonio del FGS puede deteriorarse, afectando la seguridad de los jubilados.

En definitiva, aunque se presenta como una política de acceso a la vivienda, en realidad fortalece la solvencia de los bancos y dinamiza la construcción, más que resolver el déficit habitacional de sectores populares.

Por último, el Estado transfiere recursos públicos a bancos privados, reforzando su rol central en el financiamiento en lugar de crear mecanismos directos de crédito social.

En síntesis, el programa se presenta como una política de vivienda, pero su diseño revela que el objetivo principal es sostener la estabilidad bancaria con fondos previsionales, dejando en segundo plano el acceso real de la población a créditos hipotecarios.

Si la política, la justicia y la propia sociedad nada pueden hacer para detener el desmantelamiento del PAMI, la dilapidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el deterioro de las jubilaciones por debajo de los niveles de indigencia, lo que está en juego es el sentido de la democracia, básicamente la confianza en que los recursos colectivos se administren para el bien común.

Y cuando esa confianza se traiciona, lo que se erosiona no son las instituciones, sino algo mucho más importante que llevará varias generaciones reconstruir: el pacto social.

Alejandro Lamaisón