Sofisticación del horror
Hay fotografías que parecen pertenecer a un museo del horror ya clausurado. Un general con lentes oscuros leyendo un comunicado. Un presidente esposado. Un estadio convertido en campo de concentración. Una madre buscando a su hijo desaparecido. Un avión militar despegando en la madrugada para arrojar personas vivas al mar. Durante décadas, América Latina aprendió a reconocer esas imágenes como las señales inequívocas de la intervención imperial.
Sin embargo, la historia tiene una particular habilidad para cambiar de vestuario sin alterar demasiado el argumento.
Los golpes militares del siglo XX, aquellos que ensangrentaron Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay o Centroamérica bajo el paraguas estratégico de Washington, parecen haber quedado atrás. Ya no abundan los uniformes ni las juntas militares. Los generales dejaron paso a jueces, fiscales, operadores mediáticos, calificadoras de riesgo, organismos financieros y oficinas consulares.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿desapareció la Doctrina Monroe o simplemente el horror se volvió más sofisticado?
El hemisferio como propiedad privada
Cuando en 1823 el presidente estadounidense James Monroe proclamó que América era para los americanos, la frase fue presentada como una defensa de los pueblos recién independizados frente al colonialismo europeo. Pero la historia reveló pronto su verdadero significado.
América era para los americanos, sí, pero sólo de los Estados Unidos.
Dos siglos después, la propia historia de la relación entre Estados Unidos y América Latina parece un extenso expediente de incumplimientos de la soberanía regional. La anexión de más de la mitad del territorio mexicano, la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana y Panamá, las invasiones militares y el control económico sobre las llamadas «repúblicas bananeras» constituyeron distintas expresiones de una misma lógica: impedir que el patio trasero desarrollara una autonomía incompatible con los intereses de Washington.
La doctrina Monroe fue siempre menos una teoría diplomática que una direccionada geografía del poder.
La revista digital Conclusión recuerda que detrás de cada intervención aparecía una justificación distinta: proteger ciudadanos estadounidenses, garantizar el orden, cobrar deudas, combatir amenazas ideológicas o defender la democracia. El argumento cambiaba; el resultado era siempre parecido: Los recursos naturales viajaban hacia el norte y las decisiones políticas también.
Los años setenta: el horror como herramienta
Al llegar la década del setenta el horror se presentó com el momento más brutal de aquella doctrina.
La Guerra Fría permitió transformar cualquier proyecto reformista latinoamericano en una amenaza existencial para Estados Unidos. No hacía falta ser comunista. Bastaba con intentar controlar recursos estratégicos, redistribuir riqueza o buscar una política exterior independiente.
Salvador Allende en Chile, Juan José Torres en Bolivia, João Goulart en Brasil, María Estela Martínez de Perón en Argentina y sigue…la lista es extensa. Y el horror de los miles de los mutilados, torturados y desaparecidos, también.
El Fálcon verde, símbolo del horror que los grupos de tareas dejaron impregnados en el imaginario social argentino.
La intervención dejó de ser una excepción para convertirse en un método sistemático bajo el nombre «Operación Cóndor», la cual coordinó dictaduras que actuaban como una red continental de persecución. Los servicios de inteligencia intercambiaban información, secuestraban opositores y ejecutaban operaciones transnacionales.
Los tanques cumplían una función precisa: disciplinar sociedades enteras, mientras que el horror de de la sangre funcionaba como mensaje político. Miles de desaparecidos fueron el precio de una región que intentaba escapar de una estructura internacional profundamente desigual.
Los golpes militares eran la versión más visible del poder imperial. Eran brutales, pero también evidentes, dado que la población sabía quién había tomado el gobierno y los enemigos estaban identificados. La soberanía era vulnerada a plena luz del día.
El siglo XXI y la metamorfosis del control
Pero el mundo cambió.
La caída del bloque soviético volvió innecesaria buena parte de la retórica anticomunista. Al mismo tiempo, el costo político de respaldar el horror de las dictaduras se volvió demasiado alto para una potencia que buscaba presentarse como promotora global de la democracia.
Los métodos tuvieron que modernizarse, pero la lógica permaneció intacta: Lo que antes se resolvía con bombarderos comenzó a resolverse mediante bloqueos financieros. Lo que antes requería cuarteles pasó a depender de expedientes judiciales. Lo que antes hacían los militares empezó a ejecutarse mediante operaciones mediáticas y económicas.
El horror de la violencia dejó de ser física para transformarse en institucional.
Muchos de los gobiernos progresistas que emergieron en América Latina durante las primeras décadas del siglo XXI encontraron obstáculos distintos a los que enfrentaron sus predecesores. Ya no se trataba de evitar un golpe clásico, sino que se trataba de sobrevivir a nuevas formas de desestabilización.
Del golpe militar al lawfare
La palabra inglesa lawfare se instaló en el vocabulario político latinoamericano para describir el uso de mecanismos judiciales con fines políticos.
Dicha estrategia consistió en un plan sistemático de desestabilización política y persecución judicial coordinada contra gobiernos populares. El plan fue articulado a partir de una reunión celebrada en el año 2012 en Atlanta, Estados Unidos, en el marco de la Misión Presidencial Latinoamericana. Dicho encuentro congregó a diversos exmandatarios y dirigentes de corrientes neoliberales y de derecha de la región.
No es casual que varios líderes progresistas de la región hayan atravesado procesos similares:
A) Fernando Lugo fue destituido en Paraguay mediante un juicio político exprés.
B) Dilma Rousseff fue apartada de la presidencia brasileña sin que se comprobara un delito de corrupción.
C) Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado y posteriormente liberado luego de que las propias decisiones judiciales que lo condenaron fueran anuladas.
D) Cristina Fernández de Kirchner denunció durante años la existencia de mecanismos de persecución judicial articulados con grupos económicos y mediáticos hasta que finalmente fue encarcelada.
E) Rafael Correa en Ecuador enfrentó procesos que le impidieron regresar plenamente a la competencia electoral.
F) Evo Morales fue forzado a abandonar Bolivia en medio de una crisis institucional que luego fue cuestionada incluso por diversos organismos internacionales.
Los tres jueces que condenaron a prisión a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad
Cada caso posee particularidades jurídicas y políticas de acuerdo a cada región, pero el patrón general resulta difícil de ignorar: Cuando los tanques dejaron de ser aceptables, aparecieron los tribunales, cuando los cuarteles perdieron legitimidad, surgieron los expedientes y la intervención ya no necesitó uniformes.
Sólo se necesitó la investidura judicial; la toga en reemplazo de los tanques.
El castigo económico como arma política
El periodista y analista internacional Néstor Restivo, ha señalado repetidamente en sus análisis sobre América Latina que el poder contemporáneo se ejerce cada vez más mediante instrumentos financieros y comerciales que a través de los golpes o incluso del law fare.
Hoy la deuda externa ocupa el lugar que antes ocupaban los fusiles, las sanciones reemplazan a las invasiones, las corridas cambiarias generan efectos políticos comparables a los de muchas operaciones militares del pasado.
En este sentido, Cuba continúa padeciendo el horror humanitario de un bloqueo que se extiende durante décadas, Venezuela acumula centenares de medidas coercitivas unilaterales, Nicaragua enfrenta restricciones y sanciones, Argentina enfrenta una deuda externa a cien años.
La exclusión de determinados gobiernos de espacios multilaterales demuestra que la lógica de premios y castigos sigue vigente. La diferencia es que ahora la intervención puede presentarse como una cuestión administrativa, jurídica o financiera.
No hace falta desembarcar marines.
Alcanza con cerrar mercados.
La visa como prólogo del castigo
Si las décadas de 1960 y 1970 fueron el tiempo de los tanques, los golpes militares y los desaparecidos, el siglo XXI parece haber perfeccionado formas más discretas de intervención. No producen las imágenes estremecedoras de La Moneda bombardeada ni los comunicados de las juntas militares leídos por oficiales uniformados. Son mecanismos menos espectaculares, pero igualmente eficaces para condicionar comportamientos políticos.
Néstor Restivo, en su columna para Marca de Radio, llamó la atención sobre una práctica que comienza a repetirse con inquietante frecuencia en América Latina: la utilización de las visas estadounidenses como herramienta de presión política.
La observación parte de un hecho reciente en Bolivia. Según relató Restivo, el fiscal general Roger Mariaca, quien llevaba adelante investigaciones vinculadas al operador digital Fernando Cerimedo, figura asociada a sectores de la ultraderecha continental, fue detenido en circunstancias altamente controvertidas. Pero antes de esa detención ocurrió algo que parece formar parte de una secuencia cada vez más habitual: Estados Unidos le había retirado previamente la visa de ingreso a su territorio, bajo acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Restivo advierte que el caso no sería aislado. y lo inquietante no es únicamente la sanción administrativa en sí, sino el patrón que comienza a emerger: primero la cancelación de la visa, después la estigmatización pública, más tarde, eventualmente, la intervención judicial o la persecución política.
Como si la sanción migratoria funcionara como una forma de señalamiento previo, una especie de acta de acusación informal emitida desde Washington.
La lista de ejemplos mencionados por el periodista recorre toda la región. Un juez peruano que intervino en litigios vinculados al puerto de Chancay, una de las mayores inversiones chinas en Sudamérica, perdió su visa luego de emitir un fallo favorable a la empresa asiática.
El presidente colombiano Gustavo Petro fue alcanzado por medidas similares. También Nicolás Maduro, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, familiares del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y hasta dirigentes de la cooperativa neuquina CALF, cuando avanzaron negociaciones vinculadas a Huawei para la expansión de infraestructura tecnológica.
Más recientemente, incluso el juez Alexandre de Moraes, figura central en las investigaciones contra el bolsonarismo en Brasil, fue objeto de medidas restrictivas desde sectores alineados con Donald Trump.
Por supuesto, cada uno de estos casos posee particularidades jurídicas, diplomáticas y políticas propias. Pero lo que señala Restivo es la existencia de una misma lógica de fondo, dado que los destinatarios suelen pertenecer a uno de tres grupos: Dirigentes progresistas, funcionarios que investigan a figuras vinculadas a las nuevas derechas transnacionales o actores políticos y económicos que desarrollan relaciones estratégicas con China.
La coincidencia resulta demasiado recurrente para ser ignorada.
En los años setenta, la embajada norteamericana podía respaldar golpes militares para impedir determinadas orientaciones políticas. Hoy la presión opera mediante instrumentos menos visibles, ya que no se clausuran parlamentos, no se suspenden constituciones y no aparecen tanques en las calles, pero un juez, un fiscal, un empresario o un dirigente político pueden descubrir de un día para otro que han sido excluidos del acceso al país más poderoso del mundo.
Y ese gesto, aparentemente burocrático, puede desencadenar efectos políticos de enorme magnitud, dado que la visa deja entonces de ser un documento migratorio para transformarse en un mecanismo disciplinador.
En una advertencia devastadora en una frontera que no sólo regula movimientos físicos, sino también comportamientos políticos.
Desde esta perspectiva, la observación de Restivo permite comprender algo más profundo: la Doctrina Monroe no desapareció con el fin de la Guerra Fría. Simplemente incorporó las herramientas del siglo XXI.
Las listas negras sustituyen a los servicios de inteligencia. Las sanciones financieras reemplazan a los desembarcos militares. La persecución judicial ocupa el lugar de los golpes clásicos y las visas cumplen una función que antes correspondía a la presión diplomática directa.
La diferencia es que estas nuevas modalidades suelen presentarse como actos administrativos, decisiones legales o procedimientos rutinarios.
Su apariencia es técnica. Su efecto es político.
China: el nuevo fantasma de Washington
La similitud histórica es notable si tenemos en cuenta que durante gran parte del siglo XX, América Latina fue sancionada por comerciar con la Unión Soviética o por acercarse al socialismo y hoy, en el siglo XXI, la advertencia se llama China.
La emergencia de Beijing como principal socio comercial de numerosos países latinoamericanos modificó el tablero geopolítico: China compra soja argentina, cobre chileno, minerales peruanos y productos brasileños. Financia infraestructura, energía y transporte. Participa en proyectos tecnológicos y ofrece una alternativa a la dependencia histórica respecto de Estados Unidos.
Para Washington, este proceso supone una amenaza estratégica. Por ello crecen las presiones diplomáticas dirigidas a desalentar acuerdos con empresas chinas en áreas sensibles como telecomunicaciones, energía, puertos o infraestructura digital.
La retórica también resulta familiar, dado que en el siglo pasado se hablaba del «horror soviético», mientras que hoy se denuncia la «trampa de la deuda china»; ayer se exigía alineamiento contra Moscú y hoy se exige alineamiento contra Beijing. En el teeatro del horror institucional, cambian los protagonistas, pero permanece la exigencia humillante de la obediencia.
La democracia condicionada
Quizás el problema más profundo no sea la intervención en sí misma, sino la redefinición de la democracia que esta implica, ya que formalmente, América Latina vive uno de los períodos más democráticos de su historia. Hay elecciones, hay parlamentos, hay tribunales y hay libertad de expresión.
Sin embargo, la pregunta decisiva continúa abierta: ¿Qué margen real poseen los gobiernos elegidos para adoptar políticas que contradigan los intereses de los grandes centros de poder global?
Captura de pantalla de un 30 por ciento escrutado en las elecciones brasileras. El desenlace aún está pendiente, aunque parecería que se irá a una segunda vuelta.
Si una decisión económica desencadena sanciones financieras, si una alianza comercial genera represalias diplomáticas, si determinados proyectos políticos enfrentan campañas sistemáticas de judicialización, la autonomía democrática comienza a reducirse y la soberanía deja de ser una condición efectiva para transformarse en un concepto decorativo.
La larga sombra de Monroe
En 2013, John Kerry declaró que la era de la Doctrina Monroe había terminado.
La frase fue celebrada por algunos observadores como el cierre simbólico de dos siglos de intervenciones, pero las palabras suelen viajar por carriles distintos a los hechos.
La exclusión de países de las Cumbres de las Américas, las sanciones económicas, la presión sobre gobiernos que buscan relaciones más estrechas con China o Rusia, los episodios de lawfare denunciados en distintos puntos de la región y la persistente capacidad estadounidense para influir sobre organismos multilaterales sugieren otra lectura.
La doctrina se transformó y se adaptó. Aprendió a hablar el lenguaje del siglo XXI olvidándose de los portaaviones para amedrentar. Hoy se presenta como una recomendación del Fondo Monetario Internacional, como una sentencia judicial, como una calificación de riesgo, como una sanción financiera.
O simplenebte como una visa cancelada o una hipócrita conferencia sobre defensa de la democracia. La fuerza sigue allí. Solo cambió de apariencia.
Epílogo: los fantasmas que regresan
América Latina parece condenada al horror de conversar una y otra vez con sus fantasmas.
Los nombres cambian, las tecnologías evolucionan, las formas de dominación se vuelven más sofisticadas, pero la discusión esencial permanece intacta desde hace doscientos años: quién tiene derecho a decidir el destino de la región.
Los golpes militares de los setenta enseñaron que el poder puede imponerse mediante el horror. Las décadas recientes revelan que también puede hacerlo mediante los mercados, los tribunales, las sanciones y la diplomacia coercitiva.
La vieja Doctrina Monroe ya no desfila con uniforme de combate. Hoy viste traje ejecutivo, habla el idioma de la gobernanza global y firma documentos en oficinas climatizadas.
Pero cuando se observa con atención, detrás de esa máscara contemporánea continúa asomando el mismo rostro del horror que recorrió dos siglos de historia hemisférica: la idea de que América Latina sigue siendo un territorio a administrar más que una comunidad de pueblos soberanos.
Quizás esa sea la verdadera batalla de nuestro tiempo: Reemplazar la resistenia frente al horror de los tanques y la represión por la capacidad de reconocerlos cuando ya no parecen tanques.
Alejandro Lamaisón
Fuentes: 1-Revista «Conclusión». 2-Editorial de Nestor Restivo en «Marca de Radio»