EL ESTADO DEMOCRÁTICO EN JAQUE
La erosión sistemática del Estado de derecho iniciada en 2024 por el “doctor especialista en crecimiento con o sin dinero” se refleja claramente en el conflicto presupuestario universitario, donde el Poder Ejecutivo utiliza vetos, decretos y todo tipo de engaño inescrupuloso para evadir leyes del Congreso y fallos judiciales.
Desde las ciencias políticas, esta secuencia deja en evidencia el carácter neofascista o autocrático del gobierno actual ya que cumple a rajatabla con varios de sus ejes doctrinarios históricos:
1. Desprecio por la división de poderes
El rasgo central del fascismo clásico y de las nuevas extremas derechas es la búsqueda de un poder absoluto y centralizado en la figura del líder. Cuando el Poder Ejecutivo decide de forma unilateral qué leyes cumplir y cuáles ignorar —incluso tras la insistencia bicameral del Congreso—, transforma los límites constitucionales en meras formalidades opcionales.
2. Subordinación institucional a la voluntad personal
El neofascismo no siempre destruye las instituciones de manera explícita; a menudo las vacía de contenido desde adentro. Al ahogar financieramente a las universidades y desoír los mandatos del Poder Legislativo y Judicial, el proyecto político intenta forzar a los demás resortes del Estado a subordinarse a la voluntad de la autoridad presidencial, asumiendo que el triunfo electoral otorga un «cheque en blanco».
3. Ataque al pensamiento crítico y al espacio público
La idea fija del presidente de desfinanciar la universidad pública es más ideológica que económica. Históricamente, las corrientes fascistas y autoritarias han visto en las universidades centros de resistencia y pensamiento crítico que deben ser disciplinados, asfixiados o deslegitimados para consolidar una hegemonía cultural y política sin disidencias. En consecuencia, si hay protesta estudiantil: palos, gases y represión salvaje.
EL IMPACTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL DE UN ESTADO DELICTIVO
El impacto legal y constitucional de que el Poder Ejecutivo ignore o evite la aplicación de una ley insistida por el Congreso y ratificada por la Justicia representa una ruptura del diseño constitucional argentino. Estamos pura y sencillamente en un Estado delictivo.
A continuación, se detallan las principales consecuencias jurídicas e institucionales de esta situación:
1. Ruptura de la supremacía legislativa y del sistema de contrapesos:
De acuerdo con la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo participa en la formación de las leyes a través del veto, pero si el Congreso insiste con las mayorías agravadas de dos tercios (según el Artículo 83), el presidente está obligado a promulgar y cumplir la norma. Al dejar sin efecto su «cumplimiento material» mediante decretos, el Ejecutivo se arroga facultades legislativas prohibidas (Artículo 99, Inciso 3), alterando el equilibrio de poderes y eliminando la capacidad del Congreso para controlar la administración.
Desde su asunción, Milei se propuso darle las espaldas al Congreso de la Nación, simbólica y efectivamente en la práctica.
2. Configuración de delitos penales e institucionales
El desconocimiento deliberado de leyes aprobadas y de órdenes judiciales (como las medidas cautelares vigentes) puede encuadrar a los funcionarios responsables en varias figuras del Código Penal y la Constitución:
a) Incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (Artículo 248 del Código Penal).
b) Desobediencia judicial, al no acatar de forma inmediata las resoluciones de un juez federal.
c) Mal desempeño de sus funciones, lo que constituye la causal constitucional básica para activar un proceso de juicio político en el Congreso (Artículo 53 de la Constitución Nacional).
3. Crisis de la seguridad jurídica y «anomia»
Cuando el propio Estado es el primero en seleccionar qué normas de derecho positivo va a respetar, se genera un escenario de anomia institucional. Esto debilita la seguridad jurídica, ya que los derechos reconocidos por el Poder Legislativo se vuelven abstractos si su aplicación práctica depende exclusivamente del agrado o capricho del presidente y del establishment que lo apaña.
MUERTE DEL ESTADO DE DERECHO Y ASCENSO DE LA CASTA
El hecho de que Milei, en representación del Estado nacional apele la declaración de inconstitucionalidad mientras rige una medida cautelar traslada la resolución definitiva al máximo tribunal. Ahora bien, el Gobierno ha desoído el fallo de la Suprema Corte a favor de la Universidad Pública.
En este sentido, el país ha ingresado en una crisis institucional terminal, dado que la Corte es la intérprete final de la Constitución y sus sentencias son inapelables para los demás poderes.
La desobediencia explícita del Poder Ejecutivo frente a un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia marca el punto de no retorno: representa la muerte del contrato social y la disolución de la República Argentina tal como fue fundada en 1853.
Cuando el depositario de la fuerza pública declara que el máximo tribunal de la Nación no tiene autoridad sobre él, el país deja de ser un Estado de derecho y se convierte formalmente en una autocracia de hecho, un régimen donde la ley ya no es una regla común, sino un privilegio selectivo de la casta gobernante, aquella que, paradójicamente, el monarca disfrazado de libertario, prometió destruir.
Alejandro Lamaisón