Bolivia en crisis

Tanto en Bolivia como en la mayoría de los países de América Latina, cuando el neoliberalismo aplica su teoría del derrame, las escenas de violencia institucional se repiten como regla sociológica: un presidente que ordena reprimir, un discurso que invoca la defensa de la democracia mientras prepara su demolición.

Rodrigo Paz firma la Ley de Excepción con la solemnidad de quien inaugura un nuevo orden. La palabra que se reitera es “narcoterrorismo”, pero lo que se instala es otra cosa: la militarización de la política, la criminalización de la protesta, la conversión del Estado en un dispositivo de control.

Las calles bloqueadas, los mercados vacíos, las filas para conseguir combustible son apenas la superficie visible de un colapso más profundo. La economía de Bolivia, como tantas otras en la región, se desangra bajo el peso de las recetas neoliberales: reducción de subsidios, apertura indiscriminada, ajuste fiscal. La promesa de estabilidad se convierte en inflación, desempleo, exclusión. La vida cotidiana se vuelve insostenible, y la protesta emerge como única forma de representación.

La ley sobre tierras fue la chispa, pero el incendio es más vasto. La defensa de lo comunitario contra la lógica mercantil, la memoria de luchas indígenas y campesinas contra la privatización de lo común. El neoliberalismo no solo arruina economías: arruina símbolos, arruina la posibilidad de imaginar un futuro compartido. La tierra convertida en mercancía, la democracia convertida en trámite, la protesta convertida en delito.

La protesta en Bolivia lleva ya varios detenidos por la policía afín al gobierno.

La Central Obrera Boliviana habla, pero su voz no es solo un comunicado: es un murmullo que atraviesa los valles y los solares campesinos, se cuela en las oficinas clausuradas y se propaga en las calles donde los cuerpos se mueven con miedo. “Persecución política”, “detenciones ilegales”: palabras que se repiten como un pedido de socorro, pero que en la atmósfera de toda Bolivia se convierten en imágenes concretas. Hombres encapuchados, vehículos sin placas, un Estado que se disfraza de anonimato para ejecutar lo que llama orden.

La historia parece un triste sainete copiado de la Argentina del 2016, cuando la gendarmería liderada por Patricia Bullrich reprimía salvajemente en Jujuy a los manifestantes de la Tupac Amaru que protestaban en defensa de Milagro Salas.

El Ministerio Público y la Policía aparecen como engranajes de una maquinaria invisible, una cacería humana que no necesita órdenes judiciales porque su lógica es la excepción. La protesta se convierte en delito, el sindicalismo en amenaza, la dirigencia obrera en objetivo militar. Lo que debería ser derecho -fuero sindical, debido proceso, libertad individual- se evapora en la niebla de la represión.

El enemigo de Bolivia

En esta etapa represiva de Rodrigo Paz, la Central obrera de Bolivia apela a los organismos internacionales, pero esa apelación suena como un grito lanzado al vacío, como si la esperanza estuviera en otra geografía, en otro idioma. La palabra “terrorista” se instala como etiqueta, como un eco metálico que clausura cualquier reivindicación social. El obrero deja de ser obrero: se convierte en enemigo.

En este paisaje, la democracia se invoca desde los discursos oficiales, pero se desangra en la práctica. La represión no es un accidente: es el método. La apelación a los Derechos Humanos es, en realidad, la constatación de que el país respira por tubos externos, que la política se ha convertido en respiración asistida.

Evo Morales reaparece como fantasma y antagonista. Para el gobierno, es el rostro del “enemigo interno”; para los movimientos sociales, el recordatorio de una época en que la política todavía podía nombrar la esperanza. La figura de Morales, más allá de sus contradicciones, funciona como catalizador de un conflicto que ya no es solo de Bolivia: es latinoamericano. La disputa entre el pueblo y el imperio, entre la calle y el mercado, entre la vida y la estadística.

La comunidad internacional observa con frases diplomáticas, pero el guion es conocido. La OEA convoca reuniones, Estados Unidos ofrece apoyo, Europa pide diálogo. La traducción es siempre la misma: sostener el orden, incluso si ese orden significa represión. La democracia se mide en estabilidad financiera, no en soberanía popular.

La escena de acuerdos desfavorables para los países sudamericanos se repite como mantra: Bolivia, Argentina, Perú y todos en los que Marcos Rubio aparece firmando tratados para iniciar las clásicas «relaciones carnales».

El neoliberalismo, en su versión más descarnada, convierte cada país en un laboratorio de desposesión. Argentina, Chile, Perú, Bolivia: la lista es interminable. La excepción se vuelve norma, la represión se vuelve política pública, la crisis se vuelve paisaje. Lo que se arruina no es solo la economía: es la posibilidad de creer que la democracia puede ser algo más que un dispositivo de administración del riesgo.

En Bolivia, la respiración asistida de la política se escucha en cada operativo militar, en cada discurso que invoca la defensa de la patria mientras se la entrega a las corporaciones extrangeras. La excepción se instala como rutina, y el país entero queda atrapado en esa paradoja: cuanto más se invoca la democracia, más se la vacía de contenido.

El futuro se dibuja con líneas oscuras: un protectorado financiero, una república militarizada, una sociedad que sobrevive entre bloqueos y represión. Las preguntas que quedan suspendidas, incómodas, inevitables, son las mismas que atraviesan toda América Latina:

¿Cuándo aprenderá el pueblo a protestar no frente a una milicia empoderada por un gobierno corrupto que gestiona a fuerza de palo y cipayismo, sino a través de las urnas eligiendo a quien haga valer sus propios intereses? ¿cuánto más puede resistir la democracia cuando se la reduce a un cálculo contable, cuando se la arruina con las políticas neoliberales que convierten la vida en mercancía?

Quizá la respuesta ya todos la saben. Sólo que, a fuerza de decepciones y desilusiones, ya nadie quiere responder.

Alejandro Lamaisón