LOS REYES DEL SAQUEO
El Reino Unido y la empresa israelí Navitas Petroleum prevén la extracción de 500 millones de barriles de petróleo del Mar Argentino, lo que constituye un saqueo brutal y una violación a la disposición 31/49 de las Naciones Unidas, la cual establece que “tanto Argentina como Gran Bretaña se deben abstener de realizar acciones de manera unilateral que generen modificaciones en las islas”.
Cabe aclarar que la empresa israelí posee el 65 por ciento de las acciones del proyecto, mientras que la británica Rockhopper el resto.
El lugar elegido para la depredación petrolífera es el estuario de la Isla de los Leones Marinos, ubicada a 220 kilómetros al sur de la isla Soledad. Según la empresa, el yacimiento permitiría la producción de unos 300 millones de barriles de petróleo a lo largo de los próximos 30 años.
El estuario del saqueo: Isla de los Leones Marino; una reserva de fauna marina única en el mundo.
El petróleo extraído sería procesado por un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga, con camiones cisterna que llevarían el mineral para venderlo en los mercados energéticos mundiales.
LA HIPOCRESÍA COMO HERRAMIENTA DEL SAQUEO
La etapa inicial del saqueo imperialista, prevista para finales del 2025, contempla la perforación de 23 pozos y de concretarse la operación, la mayor parte de las ganancias irían a los accionistas en Israel y Estados Unidos, según precisó el medio británico The Telegraph.
Aunque los laboristas, liderados por Keir Starmer, afirman que prohibirán toda nueva exploración de petróleo y gas en aguas británicas por los daños ambientales, ésta no incluye a las Malvinas, porque “casualmente”, por única vez se deberá respetar la administración local del archipiélago, que tiene voz y voto sobre los derechos de perforación en las aguas circundantes.
Por tal motivo, en Malvinas, las autoridades locales abrieron una consulta popular el 24 de junio de 2024, la cual duró hasta el 5 de agosto del mismo año, de acuerdo a lo que publicó el departamento de Recursos Minerales de la administración kelper, para saber si respaldan el plan.
Toda una parodia hipócrita para legalizar el saqueo, puesto que John Birmingham, uno de los integrantes de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, afirmó en declaraciones divulgadas por el propio Gobierno local que «los hidrocarburos marinos tienen el potencial de ser una parte significativa de nuestra economía en las próximas décadas».
VIOLACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL
En este sentido, el abogado argentino experto en derecho internacional Facundo Rodríguez sostuvo que la participación de los habitantes constituye únicamente una maniobra británica en su objetivo de presentar a los isleños como una «tercera parte» en el conflicto, algo que Naciones Unidas desestimó al considerarlos una población de origen británico implantada en el territorio.
Ajenos al saqueo del petróleo argentino, los Kelpers expresan con alegría su deseo de continuar como territorio británico de ultramar.
El Reino Unido insiste con la idea de mostrar a la comunidad internacional que en las islas existe una suerte de autogobierno de los isleños y que tienen una relación moderna con Londres, pero no es más que un nuevo ropaje para disfrazar el saqueo característico del sistema colonial británico.
En ese sentido, Rodríguez repasó que, mientras se habilitan «ciertos actos de democracia directa» a los isleños, los gobernadores de las islas son designados por la Corona Británica a partir de sugerencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y sin injerencia de los isleños. «La población local es una variable de ajuste, como se ha visto también en otros territorios a descolonizar, o como los llaman ellos territorios británicos de ultramar, que es un eufemismo para sus colonias», apuntó.
Rodríguez consideró que las empresas detrás del proyecto «no son de primer nivel internacional sino de segundo o tercer nivel», lo que podría incluso incrementar el riesgo de desastres ambientales, no solo de Sudamérica sino también de la costa sur africana.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades desarrolladas por Navitas Petroleum en la plataforma continental argentina.
La resolución 240 de 2022 declaró a esta empresa clandestina por desarrollar actividades sin permiso y la inhabilitó por 20 años para operar en nuestro país.
Ahora, el Gobierno de Milei no se opone, no realiza reclamos en foros internacionales ni promueve acciones legales contra estas empresas. Esta es una actitud violatoria de nuestra soberanía, que cuenta una vez más con la complicidad del Gobierno nacional.
Alejandro Lamaisón