LA CATÁSTROFE DEL FENTANILO CONTAMINADO
El informe forense sobre el fentanilo contaminado expone con crudeza lo que ocurre cuando el Estado abdica de su responsabilidad de control y se entrega al dogma neoliberal de la desregulación. Más de cien muertes evitables —desde un bebé de siete meses hasta un anciano de noventa años— se acumulan como un saldo trágico de la complicidad entre funcionarios, laboratorios y un gobierno que concibe la salud como un negocio antes que como un derecho.
“Las ampollas de fentanilo del lote 31202 contenían bacterias letales: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii”, estableció el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.
HLB Pharma es una de las empresas investigadas por las muertes vinculadas con el fentanilo contaminado. (Foto: Memo)
La cronología es devastadora: inspecciones avisadas con anticipación, advertencias técnicas ignoradas, chats que revelan la preocupación por “la guita en la calle” antes que por la vida de los pacientes. La ANMAT, otrora reconocida por la OMS como autoridad regional, fue desmantelada por despidos y recortes presupuestarios. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo justificó con su credo: “que cada uno se cuide a sí mismo”. Pero los médicos no pueden analizar cada ampolla; ese control es indelegable.
LAS GANANCIAS PRIMERO, EL FENTANILO DESPUÉS
La tragedia del fentanilo es una muestra fatal de lo que sucede cuando el Estado se retira deliberadamente de sus funciones de control. La lógica de Javier Milei y Sturzenegger es clara: vaciar organismos, reducirlos a la impotencia y dejar que el mercado decida. El resultado es un sistema sanitario donde la vida se subordina a la ganancia.
“Si una persona se muere, es nuestra responsabilidad”, advirtió una técnica en un chat interno. La respuesta de la funcionaria fue lapidaria: “Ya lo sé, déjame ver, es un montón de guita en la calle”.
Ese intercambio sintetiza el deterioro moral y político: la salud pública convertida en mercancía, el Estado reducido a gestor de negocios privados.
El informe revela que en 12 de las 20 historias clínicas analizadas el fentanilo contaminado fue un “factor agravante significativo” que precipitó la muerte. La distribución masiva de más de 45.000 ampollas contaminadas en hospitales y clínicas de todo el país constituye una masacre sanitaria.
Las detenciones de ex funcionarias de ANMAT e INAME son apenas un primer paso. Las familias de las víctimas reclaman que la investigación alcance al ministro de Salud, Mario Lugones, y a los empresarios de HLB Pharma. La justicia imputa delitos de envenenamiento y adulteración de sustancias medicinales, con penas de hasta 25 años de prisión.
Lo que emerge no es solo corrupción, sino un horizonte cultural donde el Estado se concibe como estorbo y la vida como variable secundaria. La tragedia del fentanilo contaminado es histórica: más muertes que el atentado a la AMIA, casi el doble que la tragedia de Once, y sin embargo aún relegada en la agenda pública.
La pregunta que queda flotando es brutal: ¿qué significa un Estado que se desentiende de la salud de su pueblo? La respuesta está en los cuerpos ausentes, en las familias devastadas, en la confianza rota.
CONCLUSIONES SOBRE EL FENTANILO CONTAMINADO
La catástrofe del fentanilo contaminado que el gobierno de Javier Milei considera un accidente, es sin duda el resultado de una política consciente de desregulación y vaciamiento. Cuando el Estado renuncia a su deber de control, lo que se instala es la barbarie del mercado. La salud deja de ser derecho y se convierte en mercancía. Y las muertes, como las de estas mas de cien personas, se transforman en el costo aceptado de un dogma neoliberal que sacrifica vidas en nombre de la ganancia.
En el aire pesado de la tragedia, la detención de Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado (ex funcionarias de ANMAT e INAME) se percibió como un resquicio de justicia en un país acostumbrado a la impunidad. Las familias, que llevaban meses cargando con la ausencia irreparable de sus seres queridos, recibieron la noticia con una mezcla de alivio y desgarro: alivio porque la justicia pareció moverse al menos por un instante, desgarro porque ambas recuperaron la libertad inmediatamente luego de pagar una fianza de $75 millones cada una.
Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, detenidas por las muertes causadas por el fentanilo contaminado.
El “manto de cobertura estatal” que permitió a los laboratorios seguir produciendo en condiciones deplorables es la metáfora más cruel de este tiempo: un Estado que debería proteger, pero que se convierte en cómplice y una justicia raquítica. La frase de Carla Maino resuena como un eco colectivo: “Consideramos que las funcionarias son tan responsables como el laboratorio”. No se trata solo de negligencia, sino de una traición a la confianza pública, de un sistema que dejó vulnerables a quienes debía cuidar.
Este episodio desnuda la fragilidad de un país donde la salud se negocia como mercancía y donde la vida puede perderse en diez días de demora burocrática. La esperanza de las familias es también un llamado: que la justicia avance más allá de nombres aislados, que alcance a los ministerios, a las estructuras que sostuvieron el silencio. Porque lo que está en juego no es solo el castigo a dos funcionarias, sino la posibilidad de que nunca más se repita la barbarie de un sistema sanitario inseguro.
Alejandro Lamaisón